La nueva Ley Antitabaco, un avance en salud pública


Se prevé que su instauración ayude a proteger la salud de los fumadores pasivos y a retardar la edad de inicio al tabaquismo

No fumar. Ésta es la consigna que se impone a partir del 2 de enero en todos los locales cerrados de ocio y a las puertas de los hospitales, colegios y áreas de parques infantiles. La nueva Ley Antitabaco se empieza a aplicar a partir de hoy ante el recelo de hosteleros y ciertos grupos de fumadores y con el beneplácito de los profesionales de la salud, algunos de los cuales se han implicado de forma notable para que se modificara y endureciera la norma española anterior sobre esta materia.

Entra en vigor la nueva Ley Antitabaco, que prohíbe fumar en todos los locales cerrados, como bares, restaurantes, discotecas, bingos, casinos y salas de juego, así como en los hospitales y en su entorno al aire libre, las áreas infantiles de los parques y los colegios. Lo permite en los espacios al aire libre como terrazas y campus universitarios y, en líneas generales, restringe y endurece mucho más la norma anterior, la Ley 28/2005. Además, prevé sanciones por incumplimiento que oscilan de los 30 a los 600.000 euros. Su puesta en marcha ha despertado las quejas y recelos del sector de la hostelería y de los fumadores pero, desde el punto de vista de la salud pública, no hay duda de que supondrá una mejora sustancial.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), que vela por la salud respiratoria y analiza de manera más directa los estragos que causa el tabaco, ha tomado un papel muy activo en la defensa de la modificación de la ley anterior y se ha mostrado muy satisfecha con ella, como con su entrada en vigor en el plazo previsto. El presidente de la SEPAR, Juan Ruiz Manzano, valora de forma muy positiva que “contemple los espacios públicos libres de humo y haya logrado que se respeten estos en el entorno de los hospitales y de los parques públicos”.

En todo el mundo fuman alrededor de 1.200 millones de personas. En España, el 30% de la población es fumadora, mientras que en países como Brasil o Argentina el porcentaje es menor, del 20% y 15%, respectivamente. La consecuencia de ello es que cada año se registran en España 53.000 muertes (145 al día) relacionadas directamente con el consumo de tabaco y 3.200 entre los fumadores pasivos. Por lo tanto, elaborar y aprobar una ley antitabáquica aún más restrictiva, en este contexto, era una necesidad y un problema de salud pública que “no se podía dejar de afrontar”, según Ruiz.

El impacto esperado
¿Cuál es el impacto esperado de la nueva ley? Con la anterior, de 2005, dejaron el hábito el 8% de los españoles, según un estudio realizado por la SEPAR, que evaluó la situación de la población seis meses después de su aprobación y que ahora prevé hacer un estudio similar para evaluar el impacto de la nueva norma. “Esperamos que, desde el punto de vista de la salud respiratoria, el impacto sea aún mayor”, según Ruiz.

En cuanto a la enfermedad cardiaca, se ha registrado un descenso de entre un 10% y un 11% en los ingresos hospitalarios, según estimaciones de María Ángeles Planchuelo, presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), en la Comunidad de Madrid. Si se tiene en cuenta el impacto en salud conseguido con la ley precedente y otras legislaciones europeas más restrictivas, se calcula que la nueva ley antitabaco española podría favorecer una disminución de un millón en el número de fumadores.

La puesta en marcha de la nueva ley, que ha provocado numerosas quejas, supondrá una mejora sustancial en la salud de la población
Se prevé que además ayudará a proteger de forma notable la salud de los fumadores pasivos, al prohibirlo en espacios públicos cerrados, y a retardar la edad de inicio al tabaquismo, en la actualidad muy precoz (13 años). En este último caso, será gracias a las medidas que, con finalidad pedagógica, incluye la nueva norma, como la prohibición de fumar al aire libre en los centros sanitarios, las escuelas y las áreas infantiles de los parques, aunque no en otros entornos de docencia, como los campus universitarios.

Al respecto, Ruiz considera que se necesitaba “un efecto ejemplar de los sanitarios, donde por una mala tradición, los colectivos de enfermería y de medicina han fumado mucho, así como los maestros”, si bien las universidades y sus alrededores están frecuentados por personas mayores de edad.

En términos económicos
El tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en España y su forma pasiva se considera la tercera causa de muerte. Provoca tres tipos de enfermedades: cardiovasculares (cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, aneurisma de aorta y patología vascular periférica, entre otras), respiratorias (con la EPOC como su máximo exponente) y cáncer (de laringe, de cavidad oral, de esófago, de estomago o de vejiga). Además, estudios realizados con niños sometidos al humo de tabaco demuestran que estos contraen más y de manera más fácil enfermedades respiratorias.

Por estos índices de mortalidad y morbilidad, desde SEPAR señalan que era necesaria una ley como esta para proteger la salud de todos los españoles. En términos económicos, según esta misma sociedad, la ampliación de la ley antitabaco en España supondrá un enorme ahorro para el Gobierno, derivados de los costes directos que, hoy, suponen para el Sistema Nacional de Salud las cinco enfermedades más relacionadas con su consumo: EPOC, asma, cáncer de pulmón, enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria. Este dato se desprende de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según la cual, en el año 2008, el importe total de los gastos atribuibles al tabaquismo en España fue de 14.710 millones de euros y los ingresos por impuestos fueron de 9.266 millones de euros. Es decir, que en contra de lo que esgrimen muchos detractores de la nueva ley, el Estado perdió 5.444 millones de euros por culpa del tabaco.

De la misma manera, el coste anual va mucho más allá. A las empresas españolas les supone unas pérdidas de 7.840 millones de euros: el 76% por pérdida de productividad, el 20% por costes adicionales de limpieza y conservación de instalaciones, y el restante 4% por absentismo laboral por enfermedades relacionadas con su consumo.

El impacto en hostelería
El impacto económico para la hostelería, el sector que más ha manifestado su rechazo respecto a la aprobación de esta ley, no debería notarse tanto. Hasta 45 estudios científicos realizados en todo el mundo han confirmado que el efecto en la disminución en el consumo de los bares no ha causado una bajada en los ingresos y que, si ésta se ha registrado, después se ha recuperado. “Hay un miedo lógico entre los hosteleros, por la situación de crisis actual, pero no han calculado que pueden ganar clientela no fumadora”, señala Ruiz.

A menudo, se olvida que el humo en los locales es un factor disuasorio para la población no fumadora, que no entra en ellos y, por lo tanto, conforma una clientela perdida. “En el peor de los casos, en España, el 70% de la población no fuma”, explica Ruiz.

A su juicio, la nueva norma impulsará avances significativos respecto a la “mala situación” en que estaba España. “Con la anterior ley había tanta permisividad y resquicios, las posibilidades de obviarla eran tan grandes, que se la llegó a tomar como referencia en Europa de lo que no se debía hacer”, añade. La nueva ley se sitúa a la altura de los requerimientos europeos y de leyes tan restrictivas como la irlandesa o la italiana.

LAS NUEVAS REIVINDICACIONES
Aunque la nueva norma constituye un avance indiscutible desde el punto de vista de la salud pública y particular de los ciudadanos, la SEPAR aún considera que es mejorable y que se han quedado en el tintero algunos aspectos. Entre las principales reivindicaciones que batallará esta sociedad, figura la financiación de los tratamientos para fumadores, ya que “no se tiene en cuenta que el tabaquismo es un enfermedad adictiva, no una costumbre o un mal hábito, y que a los pacientes les cuesta mucho abandonar”, explica el presidente de la SEPAR, Juan Ruiz Manzano.

El tratamiento sería uno de los más baratos desde el punto de vista coste-eficacia que podría financiar la Seguridad Social, equivalente a otros tratamientos de prevención, como los disponibles para el colesterol o la tensión arterial. Ésta es la reivindicación que defiende esta sociedad para que tome un protagonismo fundamental para atajar el problema del tabaquismo, aunque la plantearán de forma escalonada, por la situación de crisis global.

Este planteamiento consistirá en pedir a las autoridades públicas que, en primer lugar, se financien los tratamientos para los pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otros, a quienes fumar empeore más su situación. Más tarde, se propondrá que se financien para la población general.

Otra reivindicación de los neumólogos es que se limiten al máximo los espacios de venta de tabaco, de modo que éste no se pueda adquirir en bares ni en máquinas expendedoras, sino que se concentre en los estancos, al ser un producto nocivo para la salud. La tercera gran reclamación sería que una parte de los impuestos que se recaudan a través de su venta se destinaran a la financiación de los tratamientos contra el tabaquismo.

La cuarta demanda de los profesionales de la salud respiratoria sería elevar más el precio del tabaco. “El impacto de la limitación de los puntos de venta y la prohibición de fumar en ciertos espacios reduce de manera rápida el consumo de tabaco”, señala este especialista. De la misma manera, se estima que elevar los precios del tabaco limitaría más el porcentaje de fumadores, “ya que su número, cuando se da esta situación, se reduce entre un 8% y un 10%”.

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Categoría: Actualidad Médica.




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