Las listas de espera forman parte del Sistema Nacional de Salud y todos sus beneficiarios están obligados a soportarlas, según han señalado los tribunales. Cuando esta espera motiva un empeoramiento de la salud e incluso la muerte del paciente, las reclamaciones a la Administración pueden prosperar en la medida que se considere que ha existido una mala valoración de la prioridad de la operación.